La Patrulla Fronteriza planea nueva estación cerca de Tucson

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) avanza con los planes para construir una nueva estación de la Patrulla Fronteriza cerca de Three Points, en el condado de Pima, según una carta de alcance obtenida por LOOKOUT.

La carta, entregada a LOOKOUT por la presidenta de la Junta de Supervisores del Condado de Pima, Jen Allen, tiene fecha de 21 de agosto de 2026 y lleva la firma de John Petrilla, de la Oficina de Instalaciones y Gestión de Activos de CBP. La carta notifica al condado que la agencia está preparando una Evaluación Ambiental para estudiar los impactos de construir, operar y mantener una nueva estación en una parcela de aproximadamente 87 acres de propiedad de la Oficina de Administración de Tierras, ubicada a lo largo de la Ruta Estatal 86.

CBP afirma que la estación tiene como objetivo albergar a más agentes y personal de la Patrulla Fronteriza en el Área de Responsabilidad de Tucson, con el objetivo declarado de “aumentar la probabilidad de detener a quienes hayan ingresado ilegalmente a Estados Unidos”, según la carta.

La estación propuesta aumentaría la capacidad en una región donde los arrestos relacionados con inmigración ya han aumentado considerablemente. La propuesta se suma a los planes para ampliar un punto de control de la Patrulla Fronteriza en la I-19, al sur de Tucson. La Patrulla Fronteriza también ha sido objeto de críticas desde el comienzo de la segunda administración de Trump por el uso de tácticas violentas en Los Ángeles, Minneapolis y otros lugares.

Aunque la presencia de la Patrulla Fronteriza en las principales ciudades estadounidenses ha disminuido desde los asesinatos de los ciudadanos estadounidenses Renee Good y Alex Pretti en Minneapolis —este último murió a manos de agentes de la Patrulla Fronteriza—, los residentes del sur de Arizona llevan mucho tiempo acostumbrados a la aplicación invasiva de las leyes de inmigración y, en ocasiones, mortal.

Allen dijo a LOOKOUT que le preocupa profundamente la posibilidad de que se construya una nueva estación de la Patrulla Fronteriza a las afueras de Tucson, “especialmente si incluye un centro de detención”.

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“Existe una falta grave de supervisión de estas agencias y de sus tácticas agresivas dirigidas contra madres, niños, estudiantes y otros miembros de la comunidad. Construir más infraestructura para una agencia que opera como si estuviera por encima del estado de derecho no es bienvenido aquí”, dijo.

La carta sobre la nueva estación propuesta de la Patrulla Fronteriza a las afueras de Tucson está dirigida a Melissa Manriquez, del condado de Pima, y da al condado 30 días para responder con comentarios sobre posibles efectos ambientales, así como sobre cualquier requisito de permisos estatales o locales que CBP debería considerar al determinar la ubicación, construcción y operación de la instalación.

Una nota manuscrita de un secretario en la carta muestra que fue distribuida al personal del condado, incluido el Departamento de Servicios de Desarrollo y el Departamento de Calidad Ambiental, el 31 de agosto.

CBP señala que posteriormente se abrirá un período formal separado para comentarios públicos, una vez que se publique un borrador de la EA, lo que significa que la comunidad del área metropolitana de Tucson aún no ha tenido la oportunidad de opinar.

Preocupaciones de la comunidad

Los datos federales del Deportation Data Project muestran que Arizona registró 11,671 arrestos relacionados con inmigración durante los aproximadamente 13 meses posteriores a la segunda toma de posesión del presidente Trump, el 20 de enero de 2025. Eso equivale a un promedio de casi 898 arrestos al mes, en comparación con unos 414 al mes durante un período comparable de la administración Biden. Es un aumento de aproximadamente 117%.

A nivel nacional, el Departamento de Seguridad Nacional anunció que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizó un récord de 50,925 arrestos en agosto, el tercer mes consecutivo en que la agencia estableció un nuevo máximo mensual, como parte de un aumento documentado en un artículo de The New York Times publicado a finales de agosto. El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, presentó las cifras como un cumplimiento de la agenda de deportaciones de la administración.

El aumento de las operaciones ha venido acompañado de crecientes cuestionamientos sobre la supervisión y el uso de la fuerza. Los demócratas del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes dijeron en julio que ICE había recibido 56 denuncias de uso excesivo de la fuerza contra sus agentes desde el inicio de la administración; 32 fueron exoneradas y solo una fue remitida para medidas disciplinarias, sin que se hubiera impuesto ninguna sanción en ese momento. La información se dio a conocer después de dos tiroteos mortales protagonizados por agentes de ICE, en Maine y Houston, contra inmigrantes que los agentes intentaban arrestar. Según reportes citados por legisladores, estos casos forman parte de al menos 10 muertes ocurridas en encuentros con agentes de inmigración desde que comenzó el aumento de las operaciones de control migratorio.

La nueva estación propuesta se encuentra a menos de 10 millas de la Nación Tohono O'odham, donde en 2023 agentes de la Patrulla Fronteriza dispararon y mataron a Raymond Mattia.

“El enfoque de la administración Trump hacia la aplicación de las leyes de inmigración en la zona fronteriza refleja un profundo desprecio por los intereses humanitarios, ecológicos y constitucionales más amplios”, dijo a LOOKOUT John Mitchell, abogado de derechos de los inmigrantes de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles de Arizona (ACLU-Arizona).

“La zona fronteriza no es una ‘zona libre de la Constitución’, a pesar de cualquier afirmación en contrario o de la impunidad irresponsable que los funcionarios del DHS muestran con tanta frecuencia en todo el país”, agregó Mitchell.

Las tácticas utilizadas para determinar a quiénes detienen y arrestan los agentes de la Patrulla Fronteriza también han sido objeto de escrutinio. En septiembre de 2025, la Corte Suprema de Estados Unidos levantó una orden de un tribunal inferior que había prohibido a los agentes de inmigración en el área de Los Ángeles considerar la apariencia física, el idioma y la ubicación al decidir a quién interrogar. Los críticos han descrito este enfoque como una forma evidente de perfilamiento racial.

El juez Brett Kavanaugh argumentó que factores como la “etnia aparente”, el dominio limitado del inglés y el trabajo en ocupaciones como jornaleros, jardinería y construcción podrían respaldar constitucionalmente una sospecha razonable de presencia ilegal. La jueza Sonia Sotomayor, en desacuerdo con la decisión, escribió: “No deberíamos tener que vivir en un país donde el Gobierno pueda detener a cualquiera que parezca latino, hable español y parezca trabajar en un empleo de bajos salarios”.

Es en ese contexto —cifras récord de arrestos, denuncias de uso excesivo de la fuerza aún sin resolver y una apertura avalada por la Corte Suprema al perfilamiento basado en la etnia, el idioma y la ocupación— que es probable que los defensores de los derechos de los inmigrantes examinen detenidamente los planes de CBP para una nueva estación cerca de Tucson.

“Nuestras tierras públicas y comunidades rurales ya están pagando un precio terrible por la militarización cada vez mayor de las zonas fronterizas por parte de la administración Trump”, dijo Russ McSpadden, defensor de la conservación del suroeste en el Center for Biological Diversity.

“Los proyectos de infraestructura de CBP han causado enormes daños al desierto de Sonora”, agregó McSpadden. “La agencia debe responder preguntas básicas sobre esta nueva estación, entre ellas cuánta agua utilizará, cuántos agentes estarán destinados allí y cuánto alumbrado y tráfico de helicópteros se espera. Los residentes merecen saber qué significará este proyecto para sus hogares, su agua, el desierto circundante y la fauna silvestre en peligro”.

CBP no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre el costo del proyecto, el cronograma de construcción o el aumento previsto de personal.